COSTA MESA, CA – Hoy, MALDEF, la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Red Nacional para Organizar a los Jornaleros (“Day Laborer’s Organizing Network”, NDLON) anunciaron la radicación de una demanda impugnando la ordenanza de la ciudad de Costa Mesa contra las personas que piden trabajo como inconstitucional.Los grupos de derechos civiles radicaron la demanda contra la ciudad de Costa Mesa a nombre de la Asociación de Jornaleros de Costa Mesa y el Colectivo Tonantzin, a cuyos miembros se les ha prohibido expresar pacíficamente su necesidad y su disponibilidad para trabajar en las áreas públicas de la ciudad debido a la ordenanza.
El presidente y asesor legal de MALDEF Thomas A. Sáenz dijo, “La libertad de expresión, uno de nuestros derechos más preciados, nos pertenece a todos en esta sociedad. Los jornaleros que están buscando trabajo tienen tanto derecho a expresarse como la corporación más grande, que emplea a cientos de miles de personas. La ordenanza contra las personas que piden trabajo en Costa Mesa viola este principio constitucional e histórico.”
La ordenanza contra las personas que piden trabajo prohíbe que cualquier persona que esté parada en una acera u otra área pública solicite trabajo o contribuciones en cualquier manera que pueda atraer la atención de vehículos en movimiento. Según la ordenanza, los jornaleros y las otras personas que piden trabajo están sujetos a una multa de $1,000 y pena de cárcel de hasta seis meses. La ordenanza viola los derechos de los jornaleros bajo la primera y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.”
“Esta ordenanza es simplemente ilegal. No sólo discrimina contra los jornaleros sino que prohíbe las expresiones protegidas. Es tan abarcadora que prohíbe que los niños en edad escolar sostengan letreros anunciando “lavado de autos” en las calles o puede prohibir a negocios que están pasando por tiempos difíciles que tengan letreros giratorios”, dijo Belinda Escobosa Helzer, abogada de ACLU en el sur de California.
Las cortes federales alrededor del país han derogado consistentemente las ordenanzas y han decidido a favor de preservar los derechos de libre expresión de los jornaleros, lo que les permite continuar pidiendo trabajo y manteniendo a sus familias.
“Los jornaleros han contribuido a la economía de Costa Mesa por décadas,” dijo Pablo Alvarado, director de la Red Nacional para Organizar a Jornaleros. “Particularmente durante estos tiempos difíciles, el trabajo arduo que realizan en la comunidad debe ser recompensado, no el blanco de estas prácticas destructivas de las agencias de ley y orden”, continuó.
Los demandantes, la Asociación de Jornaleros de Costa Mesa y el Colectivo Tonantzin, están representados por los abogados Sáenz y Gladys Limón de MALDEF y Escobosa Helzer, Héctor O. Villagra y Peter J. Eliasberg de la ACLU del sur de California. El otro abogado es Chris Newman, de NDLON.
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